El Gobierno aprueba el real decreto que regula la concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida

30 de julio de 2010. El Consejo de Ministros
ha aprobado hoy, a propuesta de la vicepresidenta primera del
Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa
Fernández de la Vega, y de la ministra de Sanidad y
Política Social, Trinidad Jiménez, el Real Decreto
por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas
económicas a las personas afectadas por la talidomida en
España, durante el período 1960-1965.

 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2010 dispone la concesión de una ayuda por una sola
vez a quienes durante el período 1960-1965
sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de
gestación como consecuencia de la ingestión de
talidomida por la madre gestante. Para las personas nacidas en el
extranjero, la madre gestante debe haber residido en España
en cualquier período comprendido entre 1960-1965.

 

Mediante la concesión de estas ayudas
económicas, que serán gestionadas por el IMSERSO, se
da respuesta a la necesidad de reconocimiento y apoyo solidario a
las personas afectadas por la sustancia activa talidomida entre los
años señalados, según las diferentes
situaciones personales que concurren en cada una de ellas. En
particular, el real decreto determina el alcance, las condiciones y
el procedimiento para su reconocimiento y abono. 

 

 

 

IMPORTE DE LAS AYUDAS

 

El importe de las ayudas que podrán percibir
los afectados oscila entre un mínimo de 30.000 euros y un
máximo de 100.000. La cantidad correspondiente a
cada caso se establece de conformidad con el grado de la
discapacidad acreditada:

 


o       Un
único pago de 30.000 euros a los afectados con un grado de
discapacidad del 33 hasta el 44%.

 


o       Un
único pago de 60.000 euros a los afectados con un grado de
discapacidad del 45 hasta el 64%.

 


o       Un
único pago de 80.000 euros a los afectados con un grado de
discapacidad del 65 hasta el 74%.

 


o       Un
único pago de 100.000 euros a los afectados con un grado de
discapacidad del 75% o superior.

 

Mediante la aprobación de este real decreto,
España sigue la línea fijada por la mayoría de
países de nuestro entorno, donde se han establecido esquemas
solidarios de ayuda a las personas afectadas.

 
Fuente: Ministerio de Sanidad