Es notorio que en las últimas décadas vivimos una auténtica revolución de las tecnologías de la información. El fenómeno se hace patente en casi todos los ámbitos de la vida y, como no podía ser de otro modo, tiene profundo eco en las relaciones que traban las distintas Administraciones Públicas entre sí y con los ciudadanos. Las nuevas tecnologías han revolucionado la recogida de información por parte de las Administraciones Públicas, su tratamiento y la forma en que éstas pueden divulgarla y hacerla accesible; asimismo, la introducción y el progresivo uso de las nuevas tecnologías ha modificado el modus operandi de la actividad administrativa desde el punto de vista de los medios materiales a través de los que dicha actividad se instrumenta. También se advierte de forma creciente que el uso de redes de telecomunicación permite entablar relaciones jurídicas con los ciudadanos de forma más ágil e inmediata, abriendo una vía de excepcional potencial para apurar, hasta sus últimas consecuencias, el principio de eficacia en la actuación administrativa que proclama el artículo 103.1 de la Constitución.

Andalucía no ha sido ajena a este fenómeno. Antes al contrario, lo ha tomado como un reto para convertir a nuestra Comunidad Autónoma en una de las más avanzadas de Europa y ello en el marco de la segunda modernización de Andalucía, enunciada por el Presidente de la Junta de Andalucía en el debate sobre el estado de la Comunidad celebrado en junio de 2001.

Esta idea ha tenido su reflejo en la acción de gobierno mediante dos instrumentos claves: el Plan de Iniciativas Estratégicas para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía (i* landalus) y el Plan Director de Organización para la Calidad de los Servicios (PLADOCS). Ambos responden a la misma filosofía y pretenden servir de motores para la más rápida introducción del tejido social y económico andaluz, por una parte, y de la Administración de la Comunidad Autónoma, por otra, en la sociedad de la información y el conocimiento.

La iniciativa que se plasma en esta norma tiene sus precedentes en el Plan de Acción eEurope 2002, aprobado por el Consejo Europeo en Feira, y en el más cercano en el tiempo Plan de Acción eEurope 2005 adoptado por el Consejo Europeo celebrado en Sevilla en junio de 2002.

El esquema seguido para implementar los servicios públicos electrónicos en la Administración de la Junta de Andalucía ha sido el recogido en estos planes de la Unión Europea. Esto es, el Decreto parte de los cuatro niveles posibles de...